Resumen:
La seguridad pública en El Salvador ha sido, a lo largo de la historia patria, una función de la administración central más propiamente del gobierno, como lo denomina el pueblo, cuya atribución deriva de la potestad que posee quien detenta el poder del estado. La legitimidad de tal ejercicio ha sido irrelevante en cuanto a la validez de su origen puesto que, por su propia naturaleza, es función tutelar del buen orden que los tiempos exigían, según los diferentes gobiernos y según los diversos intereses dominantes, sin que los gobernados tuvieran oportunidad de reclamar un mayor o mejor servicio, o bien, un servicio distinto de protección individual y colectivo.
